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Muchos trabajadores latinos temen someterse a la prueba de coronavirus y perder sus empleos. San Francisco ofrece una alternativa

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Al menos una vez a la semana por las mañanas, Elsa Hernández camina una milla y media desde su departamento hasta Mission Language and Vocational School, a veces en fila detrás de cientos de otros latinos que recogen víveres del Mission Food Hub.

Pero un reciente jueves por la tarde, la mujer se paró en una fila diferente cerca del lugar. Con una mascarilla facial y sus lentes rojos apoyados en su cabeza, Hernández, de 44 años y veterana residente del distrito Mission de San Francisco, se sometió a una prueba de COVID-19 debajo de una carpa, mientras que docenas de conciudadanos esperaban su turno. “Nosotros, como latinos, no tenemos la oportunidad de trabajar desde casa”, reconoció Hernández, quien es empleada de limpieza. Era esa la segunda prueba que se realizaba en estas últimas semanas, en parte porque la pandemia ha afectado mucho a su comunidad.

Un análisis de The Times descubrió que, en todo California, el coronavirus ha afectado desproporcionadamente a las personas de color, y los residentes latinos tienen tres veces más probabilidades de dar positivo en las pruebas que los blancos.

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Al menos parte de la inequidad puede explicarse por la gran cantidad de californianos latinos y negros que son trabajadores esenciales, incapaces de cumplir con sus funciones desde casa y, por lo tanto, con mayor riesgo de exposición al virus. Algunos de los que tienen el salario más bajo son reacios a examinarse regularmente por temor a perder su empleo ante una sola prueba positiva.

En el distrito Mission de San Francisco, un grupo de trabajo comunitario tiene como objetivo abordar esos temores y ayudar a los empleados esenciales en estos momentos difíciles.

Nursing students giving COVID-19 test to residents in the Mission District in San Francisco
Desde la izquierda, Linda Mariscal, instructora de enfermería de la Universidad Estatal de San Francisco, y los estudiantes Philip Valdivia, Luis Viafranco, Annie Chun y Kathryn Domingo, antes de entregar las pruebas para COVID-19 a los residentes del distrito Mission.
(Gary Coronado / Los Angeles Times)

El grupo, Latino Task Force, abogó con éxito por un programa de reemplazo de salarios en toda la ciudad, para alentar a la gente a quedarse en casa y ponerse en cuarentena en caso de dar positivo en las pruebas. Los expertos en políticas públicas y laborales consideran que este “programa de derecho a la recuperación” es una red de seguridad social para los trabajadores, especialmente a medida que los estados del país, incluido California, notan un aumento en los casos. “Las personas están dispuestas a exponerse porque tienen que vivir, necesitan sobrevivir”, señaló Jon Jacobo, quien preside el comité de salud de la agrupación, que se asoció con UC San Francisco para realizar un estudio en Mission que examine a los latinos. El programa, enfatizó, tiene como objetivo dar un incentivo para la gente se quede en su hogar y no deba preocuparse por cómo pagar las facturas.

Formado después de que la orden original de aislamiento en casa en San Francisco se implementara, en marzo pasado, el grupo de tareas, compuesto por cuatro mujeres y un hombre, se centró al principio en instar a la gente a lavarse con frecuencia las manos.

Pero a medida que la necesidad crecía, también lo hicieron sus esfuerzos. Ahora ayudan a quienes lo necesitan a solicitar cobertura médica, asistencia para la renta y seguro de desempleo. Más recientemente, presionaron para que se instale un lugar de pruebas de COVID-19 en el centro cultural en Alabama Street, donde los voluntarios reparten cajas de alimentos a unas 7.000 familias cada semana. Muchos de los voluntarios en ocasiones reciben la asistencia al igual que los demás.

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En San Francisco, Mission es el hogar de la mayoría de la población latina de la ciudad, y la rica historia de activismo y cultura del barrio se muestra en los numerosos murales que bordean las calles.

Pedestrians with face coverings along Mission Street in San Francisco.
Peatones en Mission Street, el 10 de julio.
(Gary Coronado / Los Angeles Times)

Es el código postal más afectado en una ciudad donde los latinos han pagado el precio más alto de la pandemia. En San Francisco, este grupo étnico representa el 15% de la población, pero casi la mitad de todos los casos positivos de COVID-19.

Antes de la pandemia, los veteranos residentes de Mission afrontaban otra crisis en San Francisco: la gentrificación. El aumento de las rentas había expulsado a miles de personas del vecindario y forzado a algunas familias a compartir viviendas superpobladas, lo cual aumentó los riesgos una vez aparecido el coronavirus.

Hernández trabajaba de tres a cuatro días a la semana limpiando casas. Ahora se aferra a cuatro limpiezas al mes, que no son suficientes para pagar las facturas, la renta, y alimentar a sus dos hijos y esposo, quien trabaja en la construcción.

Como es indocumentada, no puede confiar en los programas del gobierno que mantienen a flote a algunos estadounidenses. En el marco de la Ley CARES, muchos estadounidenses recibieron un cheque por $1.200, pero millones de otros quedaron fuera. California comenzó a ofrecer cheques de estímulo de $500 a residentes sin estatus legal de inmigración, pero ese dinero aún está en distribución.

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Un reciente viernes por la tarde, Hernández se quedó en casa con sus hijos; Dylan, de 12 años, y Mathew, de cinco. A la hora del almuerzo, se unió a Mathew en una llamada con su maestro y compañeros de clase, mediante la computadora portátil. Mathew comió un taco de huevos y una paleta helada durante el encuentro con sus amigos de forma virtual.

Cuando la pandemia comenzó, Hernández y su esposo se apoyaron en sus fondos de emergencia para cubrir las cuentas, porque el trabajo había cesado por completo. Ella no tenía licencia por enfermedad y ninguno de sus clientes se ofreció a seguir pagándole cuando le pidieron que dejara de asistir a sus casas para limpiar. Como no quiere convertirse en una “carga pública”, Hernández no ha solicitado servicios sociales, como cupones de alimentos.

Ella y su esposo pagan $2.613 mensuales por la renta de un apartamento de dos habitaciones, y eso probablemente aumentará. Han considerado mudarse después de vivir en la ciudad durante 16 años, pero siguen atraídos por San Francisco y su vecindario, donde ella se siente apoyada por la comunidad y ve que hay líderes, como los del grupo de trabajo comunitario, que abogan por gente como ella.

“He vivido en otras ciudades, y ninguno de los servicios que tenemos aquí está disponible en esos lugares”, reconoció. “Sí, esta es una ciudad costosa, pero la verdad es que cuenta con muchos servicios a los que puedes acceder... Es también una ciudad muy bondadosa”.

Josefina Coronado of San Francisco receives a COVID-19 test by nursing student Annie Chen
Josefina Coronado, de San Francisco, se realiza una prueba de COVID-19 administrada por Alyssa Tabula, una estudiante de enfermería, en la Universidad Estatal de San Francisco.
(Gary Coronado / Los Angeles Times)

En abril, un estudio de la Universidad de California en San Francisco confirmó lo que muchos grupos comunitarios ya sospechaban: los latinos trabajadores con salarios bajos se encontraban entre los más vulnerables al coronavirus en la ciudad, porque para ellos no era una opción quedarse en casa. De quienes daban positivo, el 95% eran latinos, y más del 80% de esos casos confirmados ganaban menos de $50.000 al año.

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Un miembro del grupo de trabajo, Valerie Tulier-Laiwa, comentó que habían negociado con el departamento de salud pública para comenzar a realizar pruebas en el centro cultural del barrio. De ese modo, los latinos, que constituyen dos tercios de la población del vecindario, podían ser examinados mientras buscaban alimentos u otras ayudas.

Cesar Moran waits to receive a COVID-19 test at the Mission Language and Vocational School.
César Morán espera para hacerse un examen de COVID-19 en la escuela Mission Language and Vocational School. Un estudio de UC San Francisco muestra que los factores económicos alimentaron la transmisión de COVID-19 en los empleados esenciales latinos y sus familias.
(Gary Coronado / Los Angeles Times)

“Cuando la gente vive en la pobreza, no sólo tiene un problema o un inconveniente”, explicó Tulier-Laiwa, quien creció en Mission pero fue expulsada del vecindario durante una ola de gentrificación. “Existen múltiples problemas que afectan a las personas pobres. Entonces, nosotros sabemos que no es suficiente que tengan un resultado. También debe haber un seguimiento”, expuso.

Un miércoles por la mañana, Yani González, residente del distrito Mission, llegó a la escuela a las 6:15 a.m., una hora antes de que aparecieran los voluntarios, para garantizar su lugar en la fila. La línea daba vuelta alrededor de la manzana y se prolongaba por varias cuadras más, con las personas de pie a seis pies de distancia. Ese día, González, que había estado sin trabajo durante dos meses y acababa de recibir su primer cheque de desempleo, se llevó a casa una caja de verduras, frutas, pollo y un galón de leche, justo antes de las 11 de la mañana. El artículo sorpresa fue una caja de macarrones con queso.

Pero el verdadero premio, señaló Roberto Y. Hernández, miembro del grupo de trabajo que inició la despensa de alimentos en su garaje antes de que la agrupación se hiciera cargo del almacén, es la masa. Las señoras en la fila a menudo preguntan si la harina de maíz, un alimento básico para el hogar, estará disponible ese día. Por eso, es importante para él obtener alimentos que formen parte de la cultura de las familias latinas, dijo Hernández.

Con los años, Hernández denunció la gentrificación y abogó por unidades de vivienda asequible. En algunos casos, la gente se instala en tiendas de campaña detrás de las casas y pagan renta, comentó, o se apiñan en cualquier espacio que puedan conseguir, desde armarios hasta garajes.

La voluntaria Margarita González prepara cajas de comida para ser distribuidas a unas 1.800 familias por el Mission Food Hub.
(Gary Coronado / Los Angeles Times)

“Pasas de la crisis de gentrificación a la crisis del coronavirus”, comentó. Hernández está en primera línea del grupo de trabajo, que proporciona asistencia a los residentes del distrito Mission -a menudo latinos inmigrantes- que quedan excluidos de los programas gubernamentales. “Sabemos que nadie más lo hará por nosotros. El gobierno nos ha fallado a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal”, destacó.

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Cuando se trataba de encontrar una solución para mantener a los trabajadores en cuarentena en sus hogares, el grupo de trabajo descubrió un aliado en la supervisora Hillary Ronen. Jacobo, presidente del comité de salud del grupo de trabajo, contó que ya habían comenzado a recaudar dinero en privado para reemplazar los salarios perdidos para quienes daban positivo, cuando Ronen -quien forma parte de un comité de supervisión para el fondo de emergencia de la ciudad, Give2SF- sugirió aprovecharlo para el proyecto.

Con $2 millones, crearon el programa de derecho a recuperación, que no requiere información inmigratoria ni el estado laboral actual. Comenzaron a desembolsar fondos en julio, dijo, y hasta ahora, más de 200 personas, el 81% latinas, han calificado. Si bien la idea nació en Mission, los residentes de otras áreas, como Bayview, un barrio históricamente negro, y Chinatown, que es predominantemente asiático, también pueden postularse.

“Nada sucede tan rápido en San Francisco”, señaló Ronen. Pero debido a que el dinero proviene de los donantes, el grupo de trabajo pudo evitar un largo proceso de implementación. “Realmente estamos tratando de hacer posible que las personas descansen y mejoren, y cumplan la cuarentena”.

Según Jamila Michener, codirectora del Centro Cornell para la Equidad en Salud, los trabajadores esenciales a menudo se enfrentan a elegir entre el menor de los dos males.

Pedestrians with face coverings along 24th Street in the Mission District.
Peatones en 24th Street, en el distrito Mission. El mural en el fondo, “Alto al Fuego en la Misión”, está dedicado a las víctimas de tiroteos policiales y violencia migratoria.
(Gary Coronado / Los Angeles Times)

Nadie quiere ir a trabajar cuando cree que tiene COVID-19 y podría exponer a otros. Pero si la elección es entre dejar de trabajar y ver a sus hijos pasar hambre, una persona expondrá a los demás a este virus”, reflexionó Michener, quien enseña sobre raza, políticas públicas y pobreza.

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Al referirse al programa, cuestionó la dependencia de éste sobre su fuente actual de financiación. “No creo que la supervivencia, el acceso a los recursos básicos y la dignidad humana de las personas deban depender de la generosidad de los ricos”, comentó la docente.

El futuro del programa dependerá de la filantropía. Joaquín Torres, director de la Oficina de Desarrollo Económico y de la Fuerza Laboral de San Francisco, remarcó que mientras que la ciudad enfrenta un déficit presupuestario de $1.500 millones, los funcionarios buscarán donantes para que el programa continúe una vez que se agoten los $2 millones.

Cuando el dinero se agota y se identifica una necesidad, “podemos volver a la filantropía y decir que este es un programa absolutamente viable y valioso, que sirve a las comunidades necesitadas”, destacó Torres, cuya oficina apoya al Latino Task Force, pero no es parte de él.

Las acciones del grupo de trabajo han inspirado a otros, como Raymond Whitley, un residente de Bayview de 31 años, para quien las luchas de las comunidades latina y negra son a menudo las mismas. El hombre quiere replicar lo que sucede en Mission, con el grupo de trabajo que aboga por más pruebas y recursos, en Bayview, donde los residentes negros también evitan hacerse la prueba por temor a perder sus empleos. “Tenemos que hacerlo por nuestra comunidad, y debemos dar un paso adelante y hablar”, enfatizó. “Nosotros también lo necesitamos”.

Jackeline Luna, videoperiodista de The Times, el reportero gráfico Gary Coronado contribuyeron con este artículo.

Para leer esta nota en inglés haga clic aquí

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