Columna: Estudio de Stockton muestra que el ingreso básico universal puede cambiar vidas
El concepto de ingreso básico universal, que ha recibido un impulso de las condiciones económicas durante la pandemia, acaba de obtener otro voto favorable.
Esto proviene de un estudio de un proyecto de ingresos garantizados de dos años en Stockton, que entregó cheques mensuales sin compromiso de $500 a 125 residentes, en su mayoría de bajos ingresos.
Un análisis preliminar del primer año del programa, hasta febrero de 2020, encontró que los beneficiarios eran “más saludables, mostraban menos depresión, ansiedad y un mayor bienestar” que los del grupo de control que no recibían los estipendios.
La pobreza no es el resultado de malas decisiones individuales; es el resultado de políticas que hunden a las personas.
— Stacia West, University of Tennessee
También experimentaron menos fluctuaciones mensuales en los ingresos familiares. En particular, tuvieron más éxito en encontrar trabajo a tiempo completo o mejorar su empleo. Eso derriba el argumento conservador convencional de que tales programas desincentivarán la búsqueda de trabajo y convertirán a los beneficiarios en holgazanes.
Al inicio del período del estudio, en febrero de 2019, según el análisis, el 28% de los beneficiarios tenía un empleo a tiempo completo; un año después, el 40% lo tenía. En comparación, esta cifra en el grupo de control aumentó solo del 32% al 37%, después de un año.
En otras palabras, los beneficiarios pudieron pasar a un trabajo de tiempo completo aproximadamente al doble de la tasa del grupo de control.
“Lo que vimos fue que las personas pudieron aprovechar los $500 de maneras que les permitieron presentarse y completar una solicitud de empleo: si trabaja a tiempo parcial y cuida a un niño, no hay mucho tiempo en su día”, indicó Stacia West, experta en trabajo social de la Universidad de Tennessee. “La escasez financiera crea escasez de tiempo”.
West dice que se sorprendió por ese hallazgo, más que otros que ayudaron a crear el programa con más experiencia en la comunidad objetivo. “No se sorprendieron en absoluto”, comentó West. “Ellos entendieron que cuando tienes limitaciones financieras, simplemente no tienes el ancho de banda para pensar en el futuro”.
West realizó el análisis con Amy Castro Baker de la Escuela de Política y Práctica Social de la Universidad de Pensilvania. Están trabajando en un análisis de segundo año, previsto para septiembre, que llevará su estudio al final del programa, que se conoce formalmente como Demostración de Empoderamiento Económico de Stockton, o SEED, por sus siglas en inglés. Los cheques finales se enviaron a los destinatarios en enero.
West y Baker ayudaron a diseñar el programa. Pero sus hallazgos se ajustan a los análisis de otros proyectos de ingresos garantizados.
Estos incluyen el Fondo Permanente de Alaska, que ha distribuido dinero del boom petrolero del estado desde 1982; dividendos de casinos para miembros de la Banda de Indios Cherokee del este de Carolina del Norte a partir de 1997; y los experimentos de la década de 1970 sobre el “impuesto sobre la renta negativo” que proporcionó a las familias de bajos ingresos de Estados Unidos y Canadá una ganancia garantizada mediante créditos fiscales.
Los estudios de esos programas encontraron mejoras en “la salud mental y física, los resultados educativos, la crianza de los hijos [y] la reducción de la actividad delictiva”, informó Ioana Marinescu de la Universidad de Chicago en 2017.
Los resultados no encontraron ningún impacto o una leve disminución en la participación laboral, pero parte de eso puede deberse a que los beneficiarios dejaron el trabajo para cuidar a los miembros de la familia en el domicilio.
Ninguno encontró pruebas de que los estipendios fueran tratados como ganancias inesperadas para despilfarrar. West y Baker dicen que menos del 1% de los cheques de Stockton fueron para comprar tabaco o alcohol. Como dijo un experto en ingreso básico universal en 2017, “la gente pobre y la clase media saben mejor cómo gastar su dinero. Pero, simplemente, no lo tienen”.
La pandemia ha subrayado las virtudes del ingreso básico universal, en parte al poner de relieve las desigualdades estructurales en la economía estadounidense.
Los hogares de bajos ingresos se han vuelto más vulnerables a perder sus trabajos durante el último año, o ser empujados al borde de la pobreza por recortes en el horario laboral, o a enfrentar mayores gastos de cuidado infantil debido al cierre de escuelas. También tienen menos opciones para evitar la infección, por ejemplo, quedándose en casa, en lugar de exponerse en el trabajo.
El interés en el ingreso básico universal ha aumentado entre liberales y conservadores por igual, aunque tienen diferentes entendimientos de sus posibles virtudes.
Los conservadores ven el IBU como un posible reemplazo de la red de seguridad social que tenemos ahora, presumiblemente a un costo menor. El politólogo de derecha Charles Murray, por ejemplo, ha afirmado que una ganancia garantizada de $10.000 al año sería suficiente para eliminar “el Seguro Social, Medicare, Medicaid, los programas de asistencia social, los de servicios sociales, los subsidios agrícolas y los apoyos corporativos”.
Los progresistas tienden a verlo como un complemento de la red de seguridad, bien adaptada a los cambios en el lugar de las modernas actividades laborales, incluido el crecimiento del trabajo por encargo.
La pandemia incrementó el interés en la idea. En uno de los programas más grandes de su tipo, la ciudad de Compton acaba de lanzar Compton Pledge, que pagará entre $300 y $600 por mes a 800 residentes de Compton durante dos años.
El programa está patrocinado por el Fondo de Ingresos Garantizados, una organización benéfica encabezada por Nika Soon-Shiong, hija del propietario de Los Angeles Times, Patrick Soon-Shiong, y codirectora de Compton Pledge.
También se han lanzado proyectos piloto en St. Paul, Minnesota; Richmond, Va.; Pittsburgh; y Oakland, entre otras comunidades.
Un punto de referencia de cómo es probable que los beneficiarios gasten estos estipendios sin condiciones proviene de los $1.200 que la mayoría de los adultos recibieron de la Ley CARES, aprobada a fines de marzo.
Esos pagos funcionaron, esencialmente, de la misma manera que el pago garantizado de Stockton: emitido incondicionalmente para personas con ingresos inferiores a una cantidad determinada (los cheques de la Ley CARES fueron para individuos con ganancias inferiores a $75.000 y miembros de parejas con ingresos menores a $150.000).
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El patrón de gasto de los cheques es paralelo al de los pagos de Stockton. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, casi el 90% de los adultos en hogares con ingresos de $25.000 o menos utilizaron los apoyos en cuestiones domésticas.
Aproximadamente el 80% de los beneficiarios gastaron el dinero en alimentos, y el 78% en alquiler, hipotecas y servicios públicos como gas, electricidad, cable, internet y telefonía celular.
“Estos informes indican la importancia de los pagos de estímulo para ayudar a cubrir gastos básicos como vivienda y comida”, señaló la Oficina del Censo.
Los hogares de ingresos más altos, superiores a $75.000, tendían a usar más los cheques para pagar deudas o agregar ahorros.
West y Baker aún no han compilado estadísticas completas del segundo año del proyecto Stockton, que coincidió con gran parte del cierre de actividades económicas por la pandemia.
Sin embargo, hay indicios de que los destinatarios reaccionaron a la perspectiva de pedidos prolongados para quedarse en casa de la misma manera que las familias fuera del programa: almacenando alimentos y otras necesidades.
“En febrero y marzo [de 2020] se observa un aumento bastante grande en el gasto en las tiendas de alimentos y en mercancías, probablemente en las grandes tiendas como Costco y Walmart”, señala West.
“Pudieron hacer un gran viaje al supermercado, abastecerse de comida para no salir y seguir asumiendo ese riesgo”, comentó West.
Una receptora que comenzó a experimentar síntomas de COVID en la primavera les dijo a los investigadores que si no hubiera tenido el colchón de $500, se habría ido a trabajar. Estos ingresos, en otras palabras, le permitieron mantenerse más segura y proteger a sus compañeros de trabajo y clientes.
SEED fue una iniciativa del ex alcalde de Stockton, Michael D. Tubbs, quien pensó que su ciudad sería un caso de prueba ideal para el concepto de ingresos garantizados. Stockton se había visto especialmente afectado por la Gran Recesión. El ingreso familiar promedio de la ciudad de $46.033 es aproximadamente un 40% inferior al de California en su conjunto.
Stockton es diversa: 27.6% latinos, 19.3% blancos no hispanos, aproximadamente 11.5% negros y 22% asiáticos; los cinco idiomas más comunes que se hablan en el grupo de estudio, además del inglés, son español, tagalo, laosiano, hmong y jemer.
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El programa exigía que los cheques mensuales de $500 se distribuyeran entre una muestra de residentes que vivían en colonias con ingresos inferiores al promedio de la ciudad, aunque no había límite de ganancias para los beneficiarios individuales. Las invitaciones se enviaron por correo a 4.200 hogares en esas colonias, y los grupos de estudio y control se seleccionaron al azar entre quienes respondieron.
Los patrocinadores de SEED intentaron concertar exenciones con los programas gubernamentales, para que las adiciones a los ingresos familiares no eliminaran la elegibilidad de la familia.
Eso fue posible con CALWorks, el programa de apoyo familiar del estado y la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, o TANF, por sus siglas en inglés, pero no para los cupones de alimentos o la Seguridad de Ingreso Suplementario administrada federalmente, o SSI. Los pagos se consideraron obsequios de una organización sin fines de lucro y no contaron para la elegibilidad de Medicaid.
El programa aconsejó a los solicitantes que se aseguraran de que comprendieran las implicaciones para la elegibilidad y mantuvieran un fondo de “exención de responsabilidad” para cubrir pérdidas inesperadas de beneficios. West dice que los hogares de Stockton generalmente recibían mucho menos en cupones de alimentos, en comparación con lo que ganarían con el programa, por lo que estaban dispuestos a renunciar a ellos si era necesario.
El financiamiento del proyecto provino de contribuciones privadas y fundaciones caritativas, no del erario público.
Los adversarios políticos de Tubbs, sin embargo, lo acusaron de basar su carrera política en “simplemente entregar el dinero de los contribuyentes a la gente”. En parte, debido a tales acusaciones perdió su candidatura a la reelección como alcalde el año pasado.
El hallazgo más importante del estudio de Stockton puede ser uno conocido por los científicos sociales durante décadas sobre el cuidado que tienen los domicilios de bajas ganancias para administrar sus recursos.
“Las personas de ingresos más bajos tienen un mejor presupuesto que aquellas con ganancias más altas”, señala West. “Saben hasta el último centavo que les está llegando, y toman decisiones financieras racionales basadas en eso. La pobreza no es el resultado de malas decisiones individuales, es el resultado de políticas que hunden a la gente”.
Para leer esta nota en inglés haga clic aquí
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