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Condado de Los Ángeles busca reembolsar a familias de personas que murieron por el COVID-19

Las familias han tenido que organizar eventos para recaudar fondos como lavar autos
Las familias han tenido que organizar eventos para recaudar fondos como lavar autos, ventas de alimentos y abrir GoFundMe para obtener dinero.
(Justin Sullivan/Justin Sullivan/Getty Images)
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Un funeral promedio en California cuesta entre 8.000 y 15.000 dólares. Esto incluye visualización y entierro, tarifas de servicios básicos, transporte de restos a una funeraria, un ataúd y otros preparativos.

Las 17 mil familias que han perdido a sus seres queridos por el coronavirus en el condado de Los Ángeles, muchas de las cuales se quedaron sin empleos y se enfermaron del COVID-19, quedaron en deuda, sin ahorros o en bancarrota para poder realizar los funerales.

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Ahora, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles a votado a favor de evaluar si pueden implementar un programa federal diseñado para reembolsar los costos de entierro relacionados con COVID-19.

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Áreas como la del distrito 1, que cubre el este de Los Ángeles, han sido de las más devastadas, donde la mayoría de las muertes son parte de la minoría latina.

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La supervisora Solís sostuvo que las familias han tenido que organizar eventos para recaudar fondos como lavar autos, ventas de alimentos y abrir GoFundMe para obtener dinero.

“Desde el este de Los Ángeles hasta las comunidades del valle de San Gabriel, he escuchado de muchos de mis electores, así como del personal de las funerarias, de este costo real y devastador para las familias”, dijo Solís añadiendo que, con los radios de pobreza en incremento debido a la pandemia, el costo funeral se agrega al problema de aquellos que siguen luchando por pagar sus rentas y comida.

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El paquete de ayuda para el coronavirus promulgado en diciembre aparta $2 mil millones en ayuda financiera para gastos funerarios relacionados con COVID-19 incurridos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020, sin un costo compartido o de participación estatal, según Solís.

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La supervisora Holly Mitchell sugirió que el condado debe comenzar a educar a los residentes sobre la posible necesidad de documentación, incluso para pedir este reembolso, antes de que los planes para cualquier programa estén finalizados. De esa manera, las familias pueden iniciar el proceso.

La legislación requiere que FEMA brinde esta asistencia a través de los estados y renuncie al 25 por ciento del estado. La legislación indica además que no existe un requisito de costos compartidos asociado con esta asistencia. FEMA está revisando la legislación y evaluando posibles opciones de implementación para que la asistencia para los gastos elegibles esté disponible retroactivamente.

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La moción describe el informe de 30 días, para incluir un enfoque específico en el modelo financiero requerido para la implementación, y un plan para la distribución equitativa de los fondos, que debe añadir el proporcionar información cultural y lingüísticamente competente para los residentes en áreas con altas tasas de mortalidad por COVID-19 para acceder al programa.

En Nueva York ya se introdujo una asistencia similar de $7.000 en reembolsos.

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