Colegios comunitarios demandan a EE.UU por negar fondos del COVID-19 a estudiantes indocumentados

El sistema de colegios comunitarios más grande de la nación está demandando al gobierno federal por negar fondos de alivio del coronavirus a más de medio millón de estudiantes de California, incluidos los beneficiarios de DACA y muchas de las de familias de bajos ingresos.

El rector de los Colegios Comunitarios de California, Eloy Ortiz Oakley, y la Junta de Gobernadores del sistema presentaron una demanda esta semana en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en San Francisco contra el Departamento de Educación y la Secretaria Betsy DeVos por las restricciones de elegibilidad impuestas al uso de dinero de ayuda federal para estudiantes, argumentando que las restricciones son inconstitucionales.

“El Departamento de Educación ignoró la intención de la Ley CARES de otorgar discreción a las universidades locales para ayudar a los estudiantes más afectados por la pandemia, y en su lugar ha excluido arbitrariamente a 800.000 alumnos de colegios comunitarios”, manifestó Oakley en un comunicado.

La Ley CARES, aprobada por el Congreso el 27 de marzo, apartó $14 mil millones para ayuda en la educación superior. Al menos la mitad del dinero debe ir directamente a los estudiantes en forma de subvenciones de emergencia.

La orientación posterior presentada por el Departamento de Educación establece que sólo los escolares que son elegibles para recibir ayuda financiera federal califican para la asistencia. Eso deja fuera a un gran número de estudiantes indocumentados, incluidos aquellos con permisos de trabajo a través del programa de DACA; alumnos sin diplomas de preparatoria; estudiantes matriculados en programas sin crédito; y jóvenes que no logran mantener un progreso académico satisfactorio.

En los Colegios Comunitarios de California, más de 500.000 de los 1.5 millones de alumnos inscritos en el semestre de primavera no son elegibles porque caen en una de esas categorías, incluidos unos 70.000 estudiantes indocumentados, dijo la oficina del rector. Es probable que otros 275.000 no sean elegibles porque nunca completaron una solicitud de ayuda financiera federal. Muchos escolares de bajos ingresos en los colegios comunitarios de California no completan la solicitud porque reciben una exención de la matrícula en todo el estado.

Los excluidos incluyen veteranos, estudiantes con discapacidades y aquellos que se capacitan para ser trabajadores de la salud y socorristas, agregó la oficina.

“Muchos estudiantes que puedan necesitar más ayuda serán privados de asistencia durante esta crisis de salud pública”, expone la demanda.

La demanda, en la que los distritos de colegios comunitarios de Foothill-De Anza, Los Ángeles, Los Ríos y San Diego también se denominan demandantes, argumenta que el Departamento de Educación se extralimitó.

“El Congreso proporcionó a las instituciones de educación superior una flexibilidad ilimitada para distribuir la ayuda a los estudiantes afectados según lo consideren apropiado, sin imponer limitaciones de elegibilidad”, manifiesta la demanda.

En una declaración, la portavoz del Departamento de Educación, Ángela Morabito, dijo: “No existe un respaldo legal persuasivo para la propuesta de que el Congreso pretendía que la Ley CARES creara un derecho para los beneficiarios de DACA y otros que no son elegibles para los beneficios públicos federales. La Ley CARES claramente vincula la elegibilidad para esta financiación con la elegibilidad del Título IV... Es absurdo que intereses especiales quieran que el departamento fabrique una base para enviar dinero de los contribuyentes estadounidenses a los no ciudadanos, especialmente teniendo en cuenta cuántos estudiantes de EE.UU necesitan este alivio de emergencia”.

Kevin Wallsten, profesor de ciencias políticas en Cal State Long Beach que estudia la formulación de políticas, dice que no es inusual que el Congreso redacte leyes que sean vagas y deje que las agencias burocráticas resuelvan los detalles de la implementación.

“En cierto sentido, así es como se aprueba y aplica la ley”, manifestó Wallsten. “Pero eso no quiere decir que esté bien. No siempre significa que la agencia o el departamento en cuestión se encuentran haciendo algo que está dentro de la intención del Congreso o es constitucional”.

Sin embargo, Wallsten dijo que la demanda podría ser difícil de ganar, porque los tribunales generalmente les dan una consideración tremenda a las agencias federales que están implementando las leyes del Congreso.

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