Los votantes de California decidirán si se pone fin al sistema de fianza en efectivo con la Proposición 25
Una creciente discusión nacional sobre las desigualdades en el sistema de justicia penal impulsada por el movimiento Black Lives Matter ha centrado nueva atención en la Proposición 25, un referéndum en la boleta electoral de noviembre para decidir si el sistema de fianzas monetarias de California es injusto y debe ser reemplazado.
La industria de fianzas está buscando revocar una ley estatal de 2018 que reemplaza el sistema actual de fianza en efectivo por uno que permite la liberación de la cárcel antes del juicio en función de una determinación de seguridad pública o el riesgo de fuga del acusado. La medida también restringe la prisión preventiva para la mayoría de los delitos menores.
La votación del referéndum se produce más de dos años después de una amarga lucha legislativa que enfrentó a la industria multimillonaria de las fianzas, los abogados de defensa criminal y algunos defensores de las libertades civiles contra los líderes demócratas, incluido el entonces gobernador Jerry Brown, quien firmó la ley diciendo que se aseguraría de que “tanto los ricos como los pobres sean tratados con justicia”.
La industria de las fianzas ha argumentado que la ley provocaría la liberación de criminales violentos a las calles y representaría una amenaza existencial para sus miles de negocios.
El gobernador Gavin Newsom, quien también apoyó el esfuerzo legislativo de 2018, ha respaldado la Proposición 25, que la preservará si se aprueba.
“Durante años, California se ha enorgullecido de liderar el camino en materia de derechos civiles fundamentales y la reforma de la justicia penal, pero, como hemos visto de primera mano en todo nuestro país, hay más que debemos hacer para erradicar la desigualdad racial y los prejuicios estructurales y adoptar reformas comprobadas que funcionen”, manifestó Newsom en un comunicado, agregando que la nueva ley de fianzas es parte de “la lucha inconclusa por la equidad y la justicia”.
Una conversación nacional sobre las desigualdades sistémicas en el sistema de justicia penal se inició en junio después de la muerte de George Floyd, un hombre negro que murió cuando un oficial de policía blanco de Minneapolis se arrodilló sobre su cuello.
Esa discusión más amplia ha atraído más atención a la propuesta de California de reemplazar el sistema de fianza monetaria, dijo Katharine Tinto, profesora de derecho de UC Irvine y directora de la Clínica de Justicia Criminal de la escuela.
“La fianza monetaria está en el centro del sistema de justicia penal porque las personas que no pueden pagarla se declaran culpables de delitos para poder salir, para salvar su trabajo, salvar su casa, salvar a sus hijos”, expuso Tinto.
El tema de la abolición de la fianza en efectivo también ha surgido en la carrera presidencial y el ex vicepresidente Joe Biden dijo que es una parte importante de sus planes para la reforma de la justicia penal.
El tema se planteó nuevamente durante las protestas de Black Lives Matter por la muerte de Floyd.
“Se vio a mucha gente pidiendo donaciones para rescatar fondos”, dijo Tinto. “Esa era una forma de apoyar a la comunidad negra, para garantizar que [los manifestantes] fueran liberados por cargos pendientes”.
Además de la industria de fianzas, la nueva ley también encuentra la oposición de grupos que incluyen abogados de defensa criminal y algunos defensores de los derechos civiles, como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California, que dice que la Proposición 25 reemplaza la fianza monetaria “con herramientas de evaluación de riesgos que son sesgados racial y socioeconómicamente”.
El tema de las evaluaciones de riesgo ha dividido a los críticos del sistema de fianza monetaria existente. Durante su consideración en la Legislatura, el Proyecto de Ley Senatorial 10 recibió la oposición de los Abogados de Justicia Penal de California, que representan a los abogados defensores penales.
“La SB 10 amplía la categoría de personas que pueden ser detenidas sin derecho a fianza”, expuso Eric Schweitzer, presidente de CACJ. “Si se presume que su cliente no es alguien en quien se pueda confiar debido a un algoritmo informático en el que no se puede tener confianza, no puede salir”.
Los oponentes de la Proposición 25 también incluyen a Human Rights Watch, que ha presionado para la reforma del sistema de fianzas, pero dijo que la ley “cambia la fianza monetaria por un sistema que utiliza herramientas de evaluación de riesgos con prejuicios raciales [y] da a los jueces una discreción casi ilimitada para encarcelar”.
La medida también tiene la oposición de más de dos docenas de sheriffs en California, incluidos los de los condados de Orange, Riverside y San Diego. El sheriff del condado de Orange, Don Barnes, dijo que poner fin a la fianza en efectivo elimina un “mecanismo importante” para garantizar que los acusados comparezcan ante el tribunal.
Barnes citó órdenes temporales recientes que eliminan la fianza por algunos delitos no violentos en partes de California durante la pandemia de COVID-19 como una indicación de que la práctica es problemática.
“El experimento de California con fianza cero durante la pandemia no ha sido un éxito”, dijo Barnes. “En el condado de Orange, el 31% de los liberados bajo la orden de fianza de emergencia han cometido nuevos delitos, muchos de ellos varias veces”.
“No necesitamos buscar muy lejos ejemplos de cosas malas que podrían suceder si esto se implementa”, manifestó el ex asambleísta demócrata Mike Gatto, un abogado que representa a los opositores de la Proposición 25. “Hay estos infractores reincidentes que siguen delinquiendo porque hay un mensaje de que no hay consecuencias”.
En 2018, la industria emitió alrededor de $6 mil millones en fianzas y recaudó aproximadamente $560 millones en tarifas de fianzas, según un informe reciente de la independiente Oficina del Analista Legislativo, que señaló que hay alrededor de 2.500 agentes de fianzas autorizados por el estado.
La nueva ley requiere que las personas recluidas en las cárceles del condado por la mayoría de los delitos menores sean liberadas dentro de las 12 horas. Los individuos encarcelados por otros delitos menores, incluida la violencia doméstica, o que no hayan comparecido repetidamente ante el tribunal, no serán liberados.
Los delincuentes y los que no sean liberados automáticamente serán evaluados por su riesgo de cometer un nuevo delito o no comparecer ante el tribunal si son liberados, utilizando varios factores que decidirá cada condado. Aquellos considerados de bajo riesgo serían puestos en libertad, aunque el tribunal podría ordenar la supervisión del personal de libertad condicional del condado.
Aquellos considerados de alto riesgo permanecerían en la cárcel hasta su comparecencia.
El informe de la Oficina del Analista Legislativo estima que la nueva ley podría aumentar los costos previos al juicio para el estado y el condado en cientos de millones de dólares al tiempo que reduce los gastos del condado ya que hay menos personas encarceladas.
Un análisis realizado el mes pasado por el Instituto de Política Pública de California concluyó que la SB 10 probablemente resultaría en la liberación de más personas de la cárcel antes, “pero no abordaría las desigualdades en los arrestos”.
Al observar los datos de 2015, el estudio encontró que el 39.6% de los arrestados por delitos menores, unas 142.500 personas, que fueron detenidos o liberados después de dos días, habrían sido dejados libres en un plazo de 12 horas según las disposiciones de la nueva ley.
“La investigación sugiere que las personas que son liberadas en un día pueden tener menos probabilidades de ser arrestadas nuevamente y más posibilidades de cumplir con las fechas de su audiencia, en comparación con las que están detenidas durante dos o tres días”, expuso el informe. Al mismo tiempo, alrededor de 3.000 delincuentes, el 1.3% de los fichados, que actualmente son liberados en unas pocas horas bajo fianza probablemente serían retenidos hasta 36 horas para la evaluación de riesgos.
A pesar de eso, más personas negras y latinas serían liberadas antes, señaló Heather Harris, investigadora de PPIC y coautora del informe.
En la campaña presidencial, Biden y su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris (D-Calif.) propusieron poner fin a la fianza.
“La fianza en efectivo es la prisión de los deudores de hoy en día”, dice un documento de posición de Biden. “El sistema de fianza en efectivo encarcela a personas que se presumen inocentes y daña de manera desproporcionada a la gente de bajos ingresos”.
Trump criticó la posición de Biden en dos mítines de campaña en Nevada a mediados de septiembre.
“Quieren abolir la fianza”, dijo Trump a sus partidarios durante un mitin en Minden, Nevada, el 12 de septiembre. “Desean abolir la fianza en efectivo como lo hicieron en Nueva York. Liberan a la gente, a los horribles criminales de Nueva York, los dejan libres, sin fianza en efectivo”.
Nueva York cambió su ley estatal este año para poner fin a la fianza en efectivo a muchos delitos menores y delitos no violentos, pero da a los jueces discreción para exigir la fianza en efectivo en otros casos.
Los votantes de California han estado profundamente divididos sobre el tema. Una encuesta estatal de octubre de 2019 realizada por el Instituto de Estudios Gubernamentales de UC Berkeley para Los Angeles Times encontró que el 39% de los votantes probables en ese momento mantendría la nueva ley en vigor, el 32% cancelaría la ley y restablecería el sistema de fianza en efectivo, y el 29% de los votantes estaba indeciso.
Los partidarios señalan un informe del California Judicial Council’s Pretrial Reform Workgroup que dijo que usar una fianza alta como la única forma de mantener a los criminales peligrosos tras las rejas es ineficaz para proteger la seguridad pública cuando un acusado tiene los recursos económicos para lograr la libertad bajo fianza.
“Un sistema previo al juicio que se basa exclusivamente en los recursos financieros de los acusados es intrínsecamente inseguro e injusto”, expuso el informe del grupo de trabajo de 12 jueces.
Los jueces citaron un caso de San Francisco en el que una mujer fue detenida con una fianza de 150.000 dólares. Fue liberada después de 31 horas en la cárcel cuando sus familiares pagaron una parte del monto de la fianza. La oficina del fiscal de distrito de San Francisco se negó a presentar cargos formales, pero la mujer había firmado un acuerdo para ser responsable ante el agente de fianzas por el resto del saldo de una tarifa de $15.000.
La campaña de la Proposición 25 ya está resultando cara. Un comité de partidarios que busca defender la ley que abolió la fianza en efectivo, encabezado por tres multimillonarios, ha recaudado unos $8.3 millones hasta ahora. La industria de las fianzas ha contabilizado $9 millones para su campaña.
El grupo Yes on Prop. 25 ha recibido la mayor parte de su dinero de Steven A. Ballmer, el ex director ejecutivo de Microsoft, propietario del equipo de la NBA Los Angeles Clippers, y su esposa, Connie. Los dos residentes de Bellevue, Washington, han contribuido con $2.5 millones cada uno a la campaña a favor de afirmar la SB 10.
El tercer mayor contribuyente, que aportó 1.5 millones de dólares, es John Arnold, un multimillonario y activista de Houston que era comerciante de energía en Enron antes de dirigir un gran fondo de cobertura.
Los Ballmer explicaron su participación en un comunicado, diciendo que “demasiadas personas que no son un peligro se quedan atrapadas en la cárcel esperando sus juicios simplemente porque no pueden pagar la fianza, a pesar de que el sistema está preparado para liberarlos”.
Dado que los problemas en el sistema de justicia penal se señalan en las protestas en todo Estados Unidos, es probable que el cambio del sistema de fianzas atraiga más atención en el período previo a las elecciones.
Eso podría hacer olas fuera del estado porque California sería el primer estado en abolir por completo la fianza en efectivo a través de una legislación, dijo Harris, investigador de PPIC y coautor del informe.
“La eliminación de la fianza monetaria es un problema realmente importante en todo el país”, subrayó. “La reforma de la fianza ha estado en curso en otros estados, pero esta sería única”.
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