Columna: El confinamiento ofrece a los cobradores de deudas una oportunidad única

El pasado mes de abril, el Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó por unanimidad una resolución para pedir una moratoria en el cobro de deudas hasta que la pandemia disminuyera su intensidad. La gente común ya tenía preocupaciones en exceso, después de todo.

Finalmente, la medida no entró en vigor por motivos legales. Pero fue una buena idea de nuestros líderes cívicos reconocer rápidamente lo que pronto sería evidente para muchas personas con facturas por pagar.

Los defensores de los consumidores señalan que los cobradores de deudas están cada vez más agresivos, a medida que las órdenes de quedarse en casa -en California y en todo el país- facilitan el contacto -y en ocasiones, hasta el hostigamiento- de las personas que deben dinero.

Christine Hines, directora legislativa de la Asociación Nacional de Defensores del Consumidor, cree que “el cobro de deudas sólo se intensificará en los próximos meses” a medida que millones de estadounidenses luchan para llegar a fin de mes, en medio de pérdidas de empleos y recortes salariales. “La pandemia no cambió lo abusivos que son los cobradores de deudas, únicamente muestra que son capaces de hacer aún más daño a los consumidores vulnerables del que pensábamos”, afirmó.

Es comprensible por qué los cobradores están intensificando su juego. La deuda de consumidores alcanzó un récord de $14.3 billones en el primer trimestre, y eso fue, en su mayor parte, antes de que el coronavirus azotara con más fuerza.

Para los economistas, es casi seguro que ese déficit ha crecido desde entonces, después de que decenas de millones de estadounidenses perdieran sus empleos y muchos otros sufrieran el recorte de sus sueldos.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó la semana pasada que la tasa de desempleo ahora es del 13.3%, aunque advirtió que podría ser del 16.3% si se contabilizara un error de recopilación de datos.

Por el momento, los informes de cobro de deudas más exigentes son en gran medida anecdóticos. Un portavoz de la Comisión Federal de Comercio (FTC) informó que el conteo oficial de las quejas de los consumidores no estará disponible hasta fin de mes.

Pero no hay duda de que los tiempos son difíciles.

Las obligaciones financieras pendientes ahora compiten con el pago de la renta o la hipoteca, la compra de alimentos y la cobertura de gastos médicos.

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una orden ejecutiva en abril pasado para impedir temporalmente que los cobradores de deudas embarguen el efectivo de los cheques de estímulo federal concedidos a los hogares durante la pandemia. También decretó que los pagos de la mayoría de los préstamos estudiantiles podrían posponerse, sin penalización alguna, por 90 días.

“Los californianos se están recuperando del impacto financiero del COVID-19”, reconoció Newsom. “Lo último que se merecen es que se les retenga más dinero mientras intentan poner comida en la mesa y pagar la renta o la hipoteca”.

ACA International, el grupo comercial líder que representa a los cobradores de deudas, asegura que sus miembros son malinterpretados. Mark Neeb, director ejecutivo de la entidad, expresó en un comunicado que los cobradores “siguen comprometidos con los consumidores” y que la industria ha respondido a la pandemia de COVID-19 con “compasión y empatía”.

Kiran Sidhu, asesora de políticas del Center for Responsible Lending, no pudo evitar reírse cuando compartí esa afirmación con ella. “Sólo están tratando de proteger sus resultados”, aseguró, y añadió que prevé que sean aún más enérgicos en su persecución a los consumidores a medida que la pandemia se prolongue.

Un buen ejemplo: los cobradores de deudas ya han dejado en claro que no les gusta una propuesta de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés), que exigiría que la industria informe a los consumidores que sus deudas podrían haber prescrito.

En California, el límite para la mayoría de las deudas de consumidores es de cuatro años. Después de ese período, un cobrador aún puede ir por el moroso, pero no llevarlo a la corte (si lo hace, el caso podría ser desestimado).

Esto puede ser una novedad para muchas personas, entre otras cosas porque los cobradores con frecuencia implican o declaran rotundamente que si el deudor no entrega algo de dinero, será demandado independientemente de cuánto tiempo haya existido el déficit.

El cambio de la norma de la CFPB también exigiría que los cobradores informen a los individuos que si hacen un pago parcial, aunque sea muy pequeño, el reloj legal puede reiniciarse y, en ese caso, el sujeto vuelve a ser vulnerable a una demanda.

Para Neeb, determinar si el plazo de prescripción de una deuda ha pasado “no siempre es una pregunta simple”, y podría ser un requisito oneroso para la industria de cobranzas. Ello equivale a decir que los cobradores preferirían no tener que hacer más labor, sino pasar su tiempo interrumpiendo la cena de la gente y asustándolos sobre el peligro legal inminente que afrontan y la catástrofe financiera.

Mientras se evidenciaba un incremento en la pérdida de empleos, la FTC emitió recientemente un recordatorio de que los consumidores tienen derechos, amparados en la Ley de Prácticas Justas de Cobro de Deudas. “Si las llamadas de cobro son demasiadas, se puede pedir que cesen”, afirmó la agencia. “Simplemente envíe una carta al recaudador, solicitando que dejen de contactarlo”.

Eso no eliminará su deuda, señaló la entidad, “pero detener las llamadas puede darle tiempo para recuperarse, y luego avanzar hacia su recuperación financiera”.

Algunas otras cosas a tener en cuenta:

. La ley prohíbe que un cobrador de deudas lo llame antes de las 8 a.m. o después de las 9 p.m., a menos que usted los autorice a hacerlo.

. El cobrador debe mostrar prueba escrita de la obligación financiera, si usted lo solicita así.

. Ningún cobrador puede acosarlo verbalmente, usar insultos o tergiversar su información -como afirmar falsamente que es un abogado o un funcionario del gobierno-.

. Si siente que lo han tratado de forma injusta, comuníquese con la oficina del procurador general del estado, la FTC, la CFPB o con todos.

La moratoria sobre el cobro de deudas que mencioné anteriormente fue presentada por Mónica Rodríguez, concejal de la ciudad de Los Ángeles. En ella se le solicitó al alcalde Eric Garcetti que declarara a los cobradores de deudas como “negocios no esenciales” durante la pandemia y, por lo tanto, les impidiera temporalmente funcionar dentro de los límites de la ciudad. “Las familias ya están sufriendo y experimentando un trauma económico”, afirmó Rodríguez. “No necesitamos que el embargador toque a la puerta para llevarse los bienes”.

La oficina del alcalde respondió que, aunque la idea de la propuesta es loable, el fiscal de la ciudad, Mike Feuer, cuestionó la legalidad de la medida y si los funcionarios municipales tienen jurisdicción sobre las agencias de cobranza de otros estados.

Sin embargo, no debe preocuparse; todavía se puede contar con esa compasión y empatía que aseguran tener los propios cobradores.

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