Son ciudadanos estadounidenses y no recibirán sus cheques de estímulo porque sus cónyuges son inmigrantes

Ella trabaja como productora de cine y su pequeña empresa ahora está en pausa. Con su esposo, comen frijoles rojos y arroz la mayoría de las noches, intentan encontrar préstamos para pequeñas empresas y han solicitado asistencia médica para sus dos hijos.

Esta mujer de 44 años y oriunda del medio oeste del país, que pidió mantener el anonimato para proteger su privacidad, debió morderse la lengua mientras sus amigos celebraban la llegada de sus cheques de estímulo económico.

Como ciudadana estadounidense -cuyos hijos también son ciudadanos-, está excluida del paquete de ayuda financiera por coronavirus -valuado en $2 billones- del gobierno, porque presenta impuestos conjuntamente con su esposo, un ciudadano mexicano de Guadalajara. “Es la mayor bofetada que nos ha dado el gobierno”, aseguró. “Ya es un momento tan estresante… Esto sólo aumenta el estigma y la sensación de vergüenza. Se siente como una gran traición”.

Más de un millón de ciudadanos estadounidenses, en estados tan remotos entre sí como California y Pensilvania, no recibirán los cheques de estímulo porque están casados con inmigrantes que no tienen número de Seguro Social.

Algunos son trabajadores de primera línea contra la pandemia; empleados en hospitales, departamentos de policía y transporte público. Otros fueron despedidos o trabajan menos horas como resultado del COVID-19.

La Ley CARES del gobierno ofrece $1.200 a los estadounidenses que ganen hasta $75.000 en ingresos brutos ajustados y que tengan un número de Seguro Social, y $500 por cada hijo. Pero esto excluye a millones de inmigrantes que pagan impuestos y no tienen estatus legal, y también bloquea a los ciudadanos estadounidenses que presentan una declaración de impuestos conjunta con un cónyuge que no posee número de Seguro Social.

“Es tremendamente injusto, y está muy, muy destinado a causar daño”, expresó Randall Emery, presidente de American Families United, una organización sin fines de lucro que aboga por los ciudadanos estadounidenses casados con inmigrantes. “Es algo tan básico que el gobierno proteja a sus propios ciudadanos, pero aquí los está abandonando justo cuando más necesitan ayuda”, agregó. “Mucha gente realmente necesita esto para sobrevivir”.

La exclusión afecta a millones de ciudadanos estadounidenses, incluidos menores. Según el Migration Policy Institute, alrededor de 1.2 millones de inmigrantes que carecen de estatus legal están casados con un ciudadano estadounidense.

Según la ley, cualquier familia que presente impuestos con un número de identificación de contribuyente individual, que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) emite a los trabajadores que carecen de Seguro Social, no puede recibir un Pago de Impacto Económico, a menos que uno de los cónyuges sea miembro de las Fuerzas Armadas de EE.UU. “Es una segmentación deliberadamente cruel”, remarcó Manar Waheed, asesor legislativo y de defensa de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU). “Al crear una excepción para las familias militares dejaron muy, muy deliberadamente a estas otras personas fuera del beneficio”.

En Baltimore, Ashlee Ramírez, una enfermera matriculada que trabaja en una sala de emergencias, pasó el último mes intubando a pacientes con COVID-19. Como el hospital no posee suficientes equipos de protección, ha gastado su propio dinero en materiales para hacer máscaras y protectores faciales, así como en bolsas de residuos para utilizar sobre sus prendas, en caso de que se agoten las batas. Pero aún no ha recibido ningún estímulo económico, a pesar de que su esposo, Fredy, un ciudadano hondureño, recibió un número de Seguro Social en enero.

“¿Qué significa jurar lealtad a la bandera?”, se preguntó. “Se supone que hay justicia para todos. Siento que esa bandera, a la cual amo tanto, no ha sido sinónimo de justicia para mí y mi familia”.

En California, David Hessell-Cercado, de 51 años, un maestro de cuarto grado del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) residente en Silver Lake, se sorprendió al descubrir que tampoco recibiría un cheque de estímulo. Después de que un amigo obtuvo el dinero, revisó su cuenta bancaria varias veces. Nada.

Había asumido que a su esposo desde hace seis años, un ciudadano mexicano que está solicitando su tarjeta de residencia, no le enviarían un cheque porque no tiene aún número de Seguro Social. Pero nunca imaginó que el gobierno retendría también la asistencia para él, un ciudadano estadounidense.

Si bien Hessell-Cercado todavía tiene trabajo, se siente mal por las enfermeras y los empleados de las tiendas de comestibles que fueron excluidos de la medida, incluso cuando arriesgan sus vidas a diario.

“¿De verdad? Estamos todos juntos en esto, pero algunos de nosotros aparentemente no somos iguales”, dijo.

La productora de cine tenía una vida bastante cómoda, de clase media alta, hasta el mes pasado. Ella y su esposo ganaron poco menos de $150.000 en 2019, son dueños de su casa y tienen pocas deudas. Pero su trabajo para 2020 recién comenzaría el 15 de marzo, y fue cancelado justo antes de esa fecha como resultado de la pandemia. En lo que va del año, su negocio ha generado apenas $800 dólares.

Ella y su marido han reducido gastos. Para el desayuno y el almuerzo confían en las comidas que entrega la ciudad para los niños. También investigan ahora opciones de asistencia médica para sus hijos, incluida la terapia ocupacional y la terapia del habla para su hijo, que tiene lectina de unión a manosa, una afección que afecta el sistema inmunitario y lo vuelve particularmente vulnerable al COVID-19. “Claramente nadie nos está cuidando, a pesar de lo que pagamos en impuestos”, afirmó, y señaló que tributaron $30.000 el año pasado. “Es muy, muy aterrador. Somos personas que viven en las sombras. No podemos abogar por nuestra familia”.

Para algunos ciudadanos estadounidenses casados con inmigrantes hace mucho tiempo, la exclusión no fue una sorpresa. En 2008, muchos fueron penalizados cuando el Congreso aprobó un paquete de estímulo económico que otorgaba cheques para devolver impuestos a la mayoría de los contribuyentes, pero excluía a los ciudadanos cuyos cónyuges extranjeros carecían de un número de Seguro Social. “Es casi un acto de rencor”, expuso Ally, una ex educadora de 48 años de edad, residente de Filadelfia, que está casada con un ciudadano brasileño y tiene tres hijos. La mujer no dio su apellido por razones de privacidad. “Siento que mi país sigue sin preocuparse por mi familia. Yo soy ciudadana estadounidense. No debería ser castigada por quién elegí para casarme”.

Cuando se casó, hace 16 años, nunca imaginó que su hija se graduaría de la universidad antes de que el Congreso mejorara el sistema de inmigración. “Es una locura”, destacó. “Pasamos de ser una joven pareja a ser casi abuelos, y esta situación no se ha resuelto”.

A principios de este mes, el congresista demócrata Lou Correa (demócrata de Santa Ana) presentó la Ley Leave No Taxpayer Behind, un intento de enmendar la Ley CARES para garantizar que todos los contribuyentes, incluidos los inmigrantes, sean elegibles para obtener un cheque de alivio por $1.200.

Si bien el proyecto de ley tiene pocas posibilidades de obtener el apoyo bipartidista en el Senado, podría haber algo para los inmigrantes, en algunos estados.

La semana pasada, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció un paquete de ayuda valuado en $125 millones, para asistir a los inmigrantes sin estatus legal y ofrecerles subsidios en efectivo de hasta $500 para individuos que se encuentran en EE.UU sin permiso, y de hasta $1.000 para familias en esa condición.

En tanto, la productora de cine teme que, incluso si la economía se reiniciara en junio o julio, tomará otro año o quizá más descubrir cómo realizar rodajes y audiciones para mantener a salvo a actores y directores. “No sé si volverá a ser como antes para mí”, expuso. “Es muy traumático para todos los estadounidenses, y encima hay problemas de inmigración que siempre han estado al acecho, como un absceso en la espalda… Parece una cuestión que nunca desaparece, y ahora está demostrando ser otro desafío más”.

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