Activistas aseguran que cientos de inmigrantes detenidos en California están en huelga de hambre; ICE afirmó que sólo son dos

Los detenidos dicen que están protestando por las condiciones dentro de las instalaciones que los dejan en riesgo de contraer el nuevo coronavirus.

Abr. 20, 2020 6:58 AM PT

El 8 de abril, José Méndez, un inmigrante retenido en el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto, cerca de Victorville, afirmó que las cosas habían cambiado notablemente en las instalaciones: algunos guardias habían comenzado a usar máscaras, los detenidos ya no podían dejar sus celdas para pasar tiempo en el patio y ahora se les entregaban las comidas.

Según Méndez, los detenidos habían pedido sus propias máscaras, guantes y artículos de limpieza para protegerse contra el nuevo coronavirus, y el personal de la instalación prometió que les facilitaría algunos. Pero nunca cumplieron, remarcó. El hombre de 38 años estaba cada vez más preocupado por el virus, particularmente porque sufre de hipertensión y diabetes. También quería salir de allí, pero no contaba con un abogado.

Dos días después, Méndez y otros detenidos junto con él se quejaron con los guardias que no llevaban máscaras por la falta de protección contra el virus. Esas quejas nunca fueron atendidas, comentó. “Todos decidimos colectivamente que comenzaríamos una huelga de hambre si no cambiaban las cosas”, reveló Méndez. “Si una persona se infecta, todos lo haremos”.

Los defensores aseguran que cientos de inmigrantes detenidos en instalaciones de California ahora están en huelga de hambre por condiciones que los hacen vulnerables ante la pandemia de COVID-19.

Pero funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos afirmaron el viernes que dos detenidos están en huelga de hambre en Adelanto, y nadie más en ninguna otra instalación. De acuerdo con la política de ICE, el personal debe registrar a los detenidos que no comen durante 72 horas antes de designar el hecho como una huelga de hambre. “ICE no toma represalias de ninguna manera contra los huelguistas de hambre”, expresó la agencia. “La agencia le explica los efectos negativos de ello para la salud a nuestros detenidos. Por su salud y seguridad, supervisa de cerca la ingesta de alimentos y agua de los detenidos identificados como en huelga de hambre”.

En todo el país, 124 inmigrantes y 30 empleados de ICE en centros de detención han dado positivo por el virus. Con 18 casos confirmados, el segundo brote más grande entre los reclusos de la agencia en cualquier instalación tiene lugar en el Centro de Detención de Otay Mesa, en San Diego.

Los arrestados confirmaron huelgas de hambre en las sedes de ICE de Adelanto, en el Centro de Procesamiento de Mesa Verde, en Bakersfield, y en Otay Mesa. Sus pedidos incluyen que ICE deje de llevar a nuevas personas, que todo el personal use máscaras y guantes, que a los detenidos se les proporcionen los suministros de higiene adecuados y que quienes experimenten síntomas de coronavirus sean examinados.

Conforme ICE, los detenidos reciben regularmente jabón y artículos de limpieza. Las instalaciones aumentaron las medidas de distanciamiento social al introducir comidas escalonadas y diferentes tiempos de recreación, además de suspender proyectos de servicio comunitario y visitas. La agencia liberó a casi 700 personas consideradas vulnerables y limitó la llegada de nuevos detenidos. A nivel nacional, la población de reclusos disminuyó en 4.000 individuos desde el 1º de marzo pasado, un descenso del 60% en comparación con el mismo período del año pasado -con 32.300 personas- según ICE.

Pero los detenidos disputan las afirmaciones de ICE sobre los esfuerzos de prevención y contención, y siguen temiendo por sus vidas. Los abogados han solicitado a los tribunales federales la liberación de docenas de personas médicamente vulnerables en California. Otros han sido liberados bajo fianza o libertad condicional humanitaria, lo cual es gratuito para aquellos con una condición de emergencia.

Citando violaciones de la Quinta Enmienda, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) presentó la semana pasada una demanda colectiva contra ICE para exigir una reducción drástica en el número de reclusos en Adelanto, en medio del brote del virus. Con capacidad para casi 2.000 personas, Adelanto es uno de los centros de detención más grandes del país. “El hecho de que ICE no tome medidas para evitar la propagación de la COVID-19 en Adelanto pone a los inmigrantes detenidos allí en serio riesgo de muerte o lesiones graves”, aseveró Jessica Karp Bansal, abogada sénior de ACLU del Sur de California. “También amenaza a las comunidades circundantes, que simplemente no están equipadas para manejar un brote masivo en Adelanto”.

José Topete, un mexicano de 51 años, fue trasladado hace unas semanas a un dormitorio con detenidos mayores que padecen problemas médicos, en Adelanto. El hombre tiene diabetes, problemas de tiroides, úlceras e hipertensión.

Topete comentó que está a cargo de limpiar los pisos de su dormitorio, pero que no se le habían proporcionado suministros de limpieza. “He estado trapeando los pisos sólo con agua”, reconoció. “La situación es mala. Saben que mis defensas son bajas”.

También la semana pasada, el procurador general de California, Xavier Becerra, envió una carta a Chad Wolfe, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, instando a la administración Trump a actuar de inmediato para minimizar la propagación del COVID-19 en los centros de detención de inmigrantes y evitar “pérdidas innecesarias de vidas”.

Los detenidos en huelga en Mesa Verde respondieron el viernes con su propia carta dirigida a Becerra y al gobernador de California, Gavin Newsom, pidiéndoles que inspeccionen las instalaciones en todo el estado y documenten las condiciones que ponen a los detenidos en riesgo de contraer el virus.

Cuando negó inicialmente que se estaba llevando a cabo una huelga de hambre en Mesa Verde, ICE calificó las afirmaciones como una “campaña vergonzosa y coordinada contra la verdad”. “Esta repugnante falsa propaganda perpetrada por los llamados grupos de defensa bajo la premisa de ayudar a los detenidos no hace más que difundir información errónea, que incita a un miedo innecesario en toda la comunidad y entre los detenidos”, expresó el portavoz Jonathan Moor en un comunicado, el 10 de abril.

Donovan Grant, un hombre de 44 años oriundo de Jamaica y detenido en Mesa Verde, relató que su dormitorio -para 100 hombres- comenzó una huelga el 10 de abril, después del desayuno. Hasta el lunes pasado por la tarde, Grant había evitado nueve comidas.

Ese día, dijo, el alcaide y otros funcionarios les dijeron a los huelguistas que si no almorzaban, revocarían sus comidas. Esa misma noche, les comunicaron que les brindarían algo de lo que pedían, incluidas toallas de papel y más jabón. Según Grant, colocaron un dispensador de jabón, pero nada más.

Esperanzados, algunos hombres decidieron cenar el lunes por la noche; Grant no lo hizo. “Me desperté esta mañana y había un nuevo chico que acababa de llegar”, comentó Grant el martes. “Estamos tratando de descifrar el próximo movimiento que deberíamos tomar”.

En Otay Mesa, un centro que retiene a inmigrantes con el propósito de deportación basada en violaciones civiles, así como a presos acusados por delitos federales relacionados con la inmigración, al menos 18 detenidos de ICE y nueve presos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos dieron positivo por coronavirus, informó el San Diego Union-Tribune.

El 10 de abril, a los detenidos se les pidió que firmaran contratos -escritos sólo en inglés- antes de recibir máscaras quirúrgicas. Algunos se negaron a hacerlo. El personal de la instalación luego se deshizo de los documentos.

La senadora Kamala Harris (demócrata de California) pidió una investigación sobre el tratamiento de los detenidos en Otay Mesa, después de que el incidente fuera informado por el Union-Tribune.

Los reclusos en todo el centro protestaron y comenzaron con huelgas de hambre la semana pasada, incluida una unidad con prisioneras del Servicio de Alguaciles de EE.UU. Las mujeres pasaron varias horas, el miércoles pasado, sentadas en el suelo, para exigir salvaguardas contra el coronavirus.

Iván Núñez Guadián, de 44 años, está detenido en Otay Mesa por un cargo de drogas. Nuñez, quien era abogado en su México natal, ayudó a organizar una huelga de hambre entre unos 100 reclusos de su grupo, desde el pasado miércoles.

Él y otros reclusos que trabajan en la cocina se negaron a continuar con esa tarea al darse cuenta de que algunos de los platos que limpiaban provenían de grupos donde había casos confirmados de COVID-19. Él sabía que el virus podía sobrevivir durante horas en superficies de plástico y les pidió que comenzaran a servir alimentos en platos desechables. Los funcionarios se negaron.

Núñez, que tiene diabetes, problemas cardíacos y ha estado enfermo con síntomas similares a la gripe, fue uno de los que firmó el contrato para recibir la máscara quirúrgica, alegando que tenía miedo de desafiar a las autoridades. Pero se decepcionó al saber que la delgada protección sólo es útil por dos semanas. “Vivimos hombro con hombro, codo a codo”, relató. “Tengo tos. Quiero saber si tengo el virus o no”.

El abogado de Núñez, Marcus Bourassa, de Federal Defenders of San Diego, afirmó el sábado que el grupo de su cliente fue colocado en cuarentena poco después de que él hablara con The Times, el miércoles pasado. Núñez se perdió una audiencia en la corte, el viernes, porque el personal de Otay Mesa lo llevó a un hospital local, temeroso por los nuevos síntomas del COVID-19 que estaba experimentando. Pero poco después, dijo Bourassa, lo trasladaron de regreso a las instalaciones, el viernes por la tarde.

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