Columna: Todos deseamos precios de medicamentos más bajos; ¿por qué es tan difícil lograrlo?

Más de un tercio de los estadounidenses afirman que la atención médica es el tema más importante de cara a las elecciones de noviembre próximo.

Según Gallup, el 35% de los adultos del país sostiene que la atención médica es extremadamente importante para ganar su voto, y eso se basa en una encuesta realizada antes de la pandemia de COVID-19, que causó hasta el momento alrededor de 150.000 muertes y puso de cabeza la vida de todos.

Sin embargo, los demócratas y los republicanos continúan enfrentados, como ha sido durante décadas, por las posibles soluciones al vergonzoso, patético e inexcusablemente disfuncional sistema de salud de este país, que prioriza las ganancias corporativas antes que el bienestar de los pacientes.

La semana pasada, el presidente Trump firmó un puñado de órdenes ejecutivas que, dijo, “reestructurarán completamente el mercado de medicamentos recetados”, estas incluyen el permiso de importación de ciertas medicinas desde Canadá y cambiar la forma en que se transfieren los descuentos a los beneficiarios de Medicare.

La industria farmacéutica rechazó de inmediato los decretos. Estaba previsto que Trump se reuniera el martes con altos ejecutivos del sector, pero el encuentro se desmoronó el lunes cuando los laboratorios se pusieron a la defensiva y se prepararon para un posible litigio.

Los críticos y expertos en atención médica alegan que las órdenes ejecutivas simplemente reafirman iniciativas administrativas anteriores o están redactadas de manera tan vaga que no se pueden hacer cumplir. La mayoría de los decretos no podrían finalizarse antes de las elecciones.

Rob Smith, un analista de atención médica de Capital Alpha Partners, calificó las órdenes como “una forma de aparentar movimiento en la agenda de precios de Trump, sin hacer nada en realidad”.

El senador Ron Wyden, un demócrata de Oregón, descartó las medidas; son “más una poción milagrosa para que Trump venda en campaña”, manifestó.

Al igual que ocurre con la mayoría de nuestros problemas nacionales urgentes -inmigración, personas sin hogar, el medio ambiente-, corresponde a los estados compensar la inutilidad de Washington con medidas parciales, y ello también ocurre cuando se trata de atención médica.

Sin embargo, California intenta hacer una diferencia.

El caso en cuestión es un proyecto de ley presentado por el asambleísta estatal Adrin Nazarian (D-North Hollywood) que limitaría los copagos de insulina a $50 por un suministro típico de 30 días y no más de $100 por mes.

La legislación, AB 2203, está estancada en el Comité de Salud del Senado mientras los legisladores se apresuran a priorizar sus objetivos en una sesión truncada por la pandemia. La legislatura ahora tiene hasta finales de agosto para actuar sobre cientos de proyectos de ley.

Nazarian dijo el lunes que fue informado por el presidente del comité del Senado, el senador Richard Pan (D-Sacramento), que en lugar de centrarse en un solo medicamento, la Legislatura debería trabajar en un proyecto de ley de mayor alcance, que aborde una gama más amplia de enfermedades.

“Lo apoyo”, expuso Nazarian. “Pero, ¿por qué deberíamos esperar nuevamente años para la aprobación de una norma, cuando podemos aprobar algo en un mes?”.

Tras señalar que los precios de la insulina se triplicaron en los últimos años y que la diabetes afecta desproporcionadamente a las comunidades negras y latinas, enfatizó que no tiene sentido postergar una actuación rápida para proteger a las familias financieramente vulnerables. “Para mí, es un tema obvio”, consideró Nazarian.

Shannan Velayas, una portavoz de Pan, respondió que “debido a al COVID-19, no podemos examinar adecuadamente este proyecto de ley y todos sus posibles problemas”.

Como alguien con diabetes tipo 1, estoy de acuerdo con Nazarian en que los precios de la insulina están fuera de control, particularmente a la luz de que este medicamento ha existido durante muchos años, y que la diabetes es la séptima causa de muerte en el país.

Pero también tomo el punto del senador Pan, de que no deberíamos reducir los precios de los medicamentos individualmente. Lo que se necesita es un compromiso radical con la equidad farmacéutica, y no estamos cerca de ello.

El mayor obstáculo para la reforma de salud aquí no es político; es filosófico. Todos los demás países desarrollados basan sus políticas de atención médica en una idea simple: la atención médica asequible y accesible no es un privilegio, es un derecho.

Por esa razón, cada uno de nuestros pares económicos ha adoptado una variación de un sistema de seguro de pagador único, que garantiza la cobertura para todos y protege a las personas de los aumentos de precios.

Los estadounidenses tomamos el enfoque opuesto. Consideramos que la atención médica es un privilegio, no un derecho, y permitimos que los proveedores de atención médica cobren todo lo que quieran.

Unos 30 millones de estadounidenses no tienen seguro médico, una estadística asombrosa para la nación más rica del planeta. Millones más están “subasegurados”, lo cual significa que su cobertura es tan escasa que aún podrían quedar fuera de juego financieramente por una enfermedad grave.

Los republicanos y los demócratas sostienen que apoyan la idea de la cobertura universal, mediante la cual cada hombre, mujer y niño tendría un seguro de salud asequible. Sin embargo, hasta que reconozcamos que la atención médica es un derecho, nunca llegaremos allí.

Hay que reconocerle a Trump que al menos mantuvo este tema en el centro de atención. Se postuló en 2016 con la propuesta de reducir los precios de los medicamentos y desde entonces ha estado cautelosamente metiendo mano en la reforma de la salud.

Pero todo lo que hemos logrado hasta la fecha son medidas a medias y posturas políticas.

Si el presidente se tomara en serio la reducción de los precios de los medicamentos, buscaría poner fin a la prohibición republicana de los costos de negociación de Medicare con los laboratorios en nombre de sus 60 millones de beneficiarios.

Sus órdenes ejecutivas no hacen eso. En cambio, si se promulgan, usarían el precio más bajo pagado por otros países desarrollados por ciertos fármacos administrados en el consultorio de un médico.

En otras palabras, Medicare solo podría reducir algunos precios de medicamentos según la Parte B, que es la cobertura médica, en lugar de según la Parte D, que es el plan de medicamentos recetados del programa.

Esto podría ser beneficioso para, por ejemplo, pacientes con cáncer que reciben quimioterapia costosa en un hospital. Para millones de otras personas que recogen sus medicamentos en la farmacia, no tendría ningún efecto.

Los republicanos advierten que no aprobarán ningún cambio que parezca un control de precios. Sin embargo, estos mismos legisladores también insisten en que creen firmemente en el poder competitivo de los mercados libres.

Un mercado libre ocurre cuando el mayor comprador individual de medicamentos recetados del país, Medicare, puede ejercer su influencia económica al tratar con los fabricantes de medicinas. Hasta que eso suceda, los controles de precios son exactamente lo que tenemos, excepto que favorecen a las corporaciones, no a los pacientes.

Nazarian llama a su límite de precio para la insulina “el bocado más pequeño de lo mínimo que podríamos hacer”. Claramente, California y Estados Unidos pueden hacer algo más. Pero hasta que estemos listos para hacer algo mejor por el pueblo estadounidense y crear un sistema de salud digno de una nación tan grandiosa, esos pequeños bocados pueden ser lo mejor que podemos esperar.

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