El fraude a la oficina de desempleo que entregó dinero a presos de California podría alcanzar los $400 millones

Los investigadores estatales identificaron hasta el momento $400 millones que fueron pagados en unas 21.000 solicitudes de beneficios por desempleo presentadas de forma incorrecta a nombre de reclusos de prisiones de California, informaron funcionarios este lunes, mientras que los legisladores estatales piden audiencias para tratar el fraude masivo.

Las tarjetas de débito emitidas por el Departamento de Desarrollo del Empleo (EDD, por sus siglas en inglés) del estado, que contienen millones en beneficios, quedaron congeladas desde entonces, mientras que $80 millones extra en potenciales pagos fueron bloqueados cuando no se aprobaron otros 10.000 reclamos, según Crystal Page, subsecretaria de la estatal Agencia de Desarrollo del Trabajo y la Mano de Obra.

El nuevo total es casi tres veces los $140 millones en pagos de reclamos estimados la semana pasada por un grupo de nueve fiscales de distrito en California y un procurador federal.

Los fiscales locales informaron que se presentaron reclamos ante el EDD en nombre de los presos, incluidos los reclusos Scott Peterson, de la prisión estatal de San Quentin, quien fue condenado por matar a su esposa y su hijo por nacer, así como Cary Stayner, quien fue condenado por asesinar a dos mujeres y dos niñas cerca de Yosemite, en 1999.

El lunes, varios legisladores, entre ellos el senador estatal Jim Nielsen (republicano por Gerber), solicitaron audiencias legislativas para determinar cómo ocurrió el fraude, que incluyó solicitudes presentadas a nombre de 133 condenados a muerte.

Nielsen señaló que cientos de miles de californianos desempleados aún esperan los pagos del EDD por reclamos legítimos. “Y ahora nos enteramos de que esta enorme cantidad de dinero fue enviada a delincuentes”, expresó Nielsen. “Eso es un ultraje absoluto. Debería haber más responsabilidad y una audiencia de supervisión sobre esto”.

Un representante del asambleísta David Chiu (D-San Francisco) también destacó que apoya las audiencias legislativas. “Es atroz que mis electores cometan un solo error tipográfico y ello retenga sus beneficios del EDD durante meses”, mientras se pagan reclamaciones a presos condenados a muerte, remarcó Chiu en un comunicado.

El gobernador Gavin Newsom anunció la semana pasada un grupo de trabajo para investigar los pagos indebidos y dijo que “el fraude por desempleo en las cárceles locales, estatales y federales es absolutamente inaceptable”.

Los investigadores que trabajan con el grupo estatal siguen tratando de determinar cuántas de las denuncias identificadas se presentaron desde la prisión, cuántas fueron presentadas en nombre de los reclusos por individuos que no están encarcelados y cuántas fueron presentadas por estafadores utilizando las identidades de los reclusos sin su permiso, precisaron funcionarios estatales el lunes, durante una sesión informativa con The Times sobre la investigación.

También se investiga si los que cometieron el fraude contaron con ayuda de empleados del EDD o del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, agregó Brian Ferguson, portavoz de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California.

Los funcionarios del EDD afirmaron que aún no se detectó ninguna participación interna.

El problema salió a la luz para los funcionarios estatales a mediados de agosto, cuando los fiscales del condado de San Mateo presentaron cargos alegando que 21 personas eran parte de una red de fraude que robó $250.000 al presentar solicitudes de asistencia falsas, en nombre de reclusos en cárceles del Condado, admitieron los funcionarios. “En ese momento comenzamos a analizar internamente cuál era nuestra exposición”, señaló un empleado de la administración, que habló de forma anónima porque la investigación está en curso.

El estado también tomó medidas para prevenir nuevos reclamos fraudulentos. El 20 de septiembre, el EDD anunció que pondría en pausa la aceptación de nuevas solicitudes durante dos semanas mientras instalaba un nuevo sistema que exige que los reclamantes verifiquen su identidad con una imagen en vivo de ellos mismos y proporcionen documentación que acredite su identidad, como facturas de servicios públicos. Ese nuevo sistema debería evitar que se aprueben reclamos para los reclusos, comentaron las autoridades.

Para coordinar las investigaciones penales de los fiscales estatales y locales y las fuerzas del orden, el gobernador nombró un grupo de tareas que incluye a funcionarios del EDD, el Departamento Correccional y la Patrulla de Caminos de California. Está presidido por Mark Ghilarducci, director de la Oficina de Servicios de Emergencia del gobernador (Cal OES), y Tom Osborne, subdirector de seguridad nacional de Cal OES.

Hasta ahora, no hubo arrestos bajo sospecha de fraude que involucren a reclusos de prisiones estatales, comentaron funcionarios. Con solo 17 investigadores en la unidad de fraude del EDD, es probable que el grupo de trabajo también transfiera a personas de otras unidades de investigación estatales para ayudar con las tareas, anticiparon las autoridades.

Un grupo de fiscales de distrito que hizo público el fraude relacionado con las prisiones, se quejó la semana pasada de que el estado actuó con lentitud para prevenir el desfalco al no comparar los datos personales de las solicitudes con la lista de reclusos, tal como lo hacen muchos otros estados.

Los funcionarios de la administración respondieron que la verificación cruzada no se realizó hasta después del caso de San Mateo porque la información personal, incluidos los datos del Seguro Social de los presos, era confidencial y no podía compartirse de forma legal con la agencia de desempleo. “La ley prohíbe al Departamento Correccional de California (CDCR) divulgar el número de seguro social de una persona encarcelada a menos que sea a otra agencia del orden o mediante una citación judicial válida”, explicó la agencia en un comunicado este lunes.

Para resolver temporalmente el problema de la investigación actual, los funcionarios estatales afirmaron que se hizo una solicitud a la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de EE.UU, que supervisa los fondos federales de desempleo, y a fines de septiembre se emitió una citación para obligar a la agencia estatal de prisiones a entregar la información identificatoria de los reclusos.

Pero la citación solo aplica a la investigación, por lo cual los funcionarios estatales están buscando otras opciones legales para continuar con la comparación de datos en el futuro, y se espera que pronto se resuelva la cuestión legal. Una vez que se apruebe el intercambio permanente de datos, el estado los verificará manualmente hasta que pueda ponerlos en un sistema informático que verifique automáticamente la información, explicaron las autoridades.

Según Nielsen, el documento de confidencialidad que evita la verificación cruzada es “una evasión conveniente” de responsabilidad, y pidió a los funcionarios estatales que resuelvan el problema de inmediato.

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